El 5 de
agosto de 2016, el Gobernador de Puerto Rico firmó la Ley Núm. 123 (“Ley
123-2016”), la cual enmendó la Ley 201-2003, según enmendada, mejor conocida
como “Ley de la Judicatura del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”, con el fin de crear una sala
judicial denominada “Sala Especializada
en Asuntos Contributivos y Delitos Económicos”.
Esta Sala
atenderá la aplicación uniforme del Derecho Contributivo, las controversias
contributivas que surgen de la aplicación de las leyes que imponen
contribuciones y tributos a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus
instrumentalidades o subdivisiones, cualquier ley especial que conceda créditos
contributivos, así como cualquier ley especial que conceda exención contributiva
cobijadas por algún decreto, resolución o concesión de exención contributiva. Además,
atenderá los casos de delitos económicos que surjan de violaciones al Código de
Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado, así como a otras leyes
especiales tales como:
- La Ley Núm. 55 de 12 de mayo de
1933, según enmendada, conocida como la “Ley
de Bancos”
- La Ley Núm. 255 de 28 de octubre de
2002, según enmendada, conocida como la “Ley
de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Crédito”
- La Ley Núm. 60 de 18 de junio de
1963, según enmendada, conocida como la “Ley
Uniforme de Valores”
- Aquellos otros asuntos que determine
el Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico
La Ley
123-2016 define en su Exposición de Motivos los delitos económicos como “aquellas conductas ilícitas cometidas por
personas naturales, personalmente o a través de personas jurídicas, que afectan
el patrimonio de una o más víctimas, el sistema financiero, el Estado Libre Asociado
de Puerto Rico o el mercado en general, comprendiendo desde simples estafas
hasta complejos ilícitos financieros, aduaneros o tributarios”.
La Sala
estará localizada en el Tribunal Superior de San Juan y será atendida por
jueces y fiscales con el peritaje necesario en materias tales como finanzas,
contabilidad, auditoría y derecho tributario, entre otras, trabajando en
coordinación con el Departamento de Justicia, el Departamento de Hacienda y la
Policía de Puerto Rico.
